En una decisi\u00f3n de alto impacto pol\u00edtico y judicial, la Corte Suprema confirm\u00f3\u00a0el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal en la causa Vialidad,<\/b>\u00a0donde se investig\u00f3 el delito de defraudaci\u00f3n al Estado a trav\u00e9s de contratos de obras p\u00fablicas. Esta decisi\u00f3n implica que\u00a0queda firme la condena\u00a0<\/b>contra la dos veces presidenta\u00a0Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner<\/b>, a\u00a0seis a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos<\/b>. La sentencia incluye el decomiso de unos\u00a084.000 millones de pesos.<\/b><\/p>\n
Desde el retorno de la democracia, en 1983,\u00a0s\u00f3lo dos ex presidentes fueron condenados\u00a0<\/b>por la Justicia argentina:\u00a0Carlos Menem y Cristina Kirchner.<\/b><\/p>\n
Ahora el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2)\u00a0deber\u00e1 resolver sobre las condiciones de detenci\u00f3n de la ex mandataria<\/b>\u00a0y de los otros ocho condenados,\u00a0entre ellos L\u00e1zaro B\u00e1ez y Jos\u00e9 L\u00f3pez.<\/b>\u00a0Es muy probable que en el caso de Cristina Kirchner, el TOF 2 resuelva\u00a0concederle el beneficio del arresto domiciliario<\/b>\u00a0por contar con m\u00e1s de 70 a\u00f1os. Adem\u00e1s,\u00a0no podr\u00e1 participar de las elecciones legislativas<\/b>\u00a0donde planeaba competir por una banca provincial. Esto convierte el caso en\u00a0el hecho de mayor impacto\u00a0<\/b>en el escenario pol\u00edtico y judicial actual del pa\u00eds.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue adoptada por unanimidad por los tres jueces de la Corte Suprema,\u00a0Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti<\/b>, quienes rechazaron las apelaciones de la defensa de la ex presidenta, de los otros ocho condenados, y del fiscal\u00a0Mario Villar<\/b>, utilizando\u00a0la f\u00f3rmula del art\u00edculo 280 de C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial,<\/b>\u00a0en este caso\u00a0acompa\u00f1ado de los fundamentos de la decisi\u00f3n (280 fundado)<\/b>\u00a0dada la trascendencia institucional de la decisi\u00f3n.<\/p>\n La sentencia resuelve:\u00a0\u201cRechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fern\u00e1ndez de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.\u00ba 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos, como coautora penalmente responsable del delito de administraci\u00f3n fraudulenta agravada en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica (arts. 174 inc. 5\u00b0 y 45 del C\u00f3digo Penal)\u201c.<\/b><\/p>\n En sus fundamentos, los jueces sostuvieron: \u201cLas sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida \u2014valorada de conformidad con las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 398 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n)\u2014 y en el C\u00f3digo Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisi\u00f3n apelada no constituya una derivaci\u00f3n razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garant\u00eda constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley\u201d.<\/p>\n \u201cLas sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jur\u00eddico vigente. La imposici\u00f3n de las penas de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democr\u00e1tico seg\u00fan las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Naci\u00f3n (art. 174, \u00faltimo p\u00e1rrafo, del C\u00f3digo Penal, texto seg\u00fan ley 25.602)\u201d, se advirti\u00f3.<\/p>\n Seg\u00fan subrayaron los ministros, \u201cesas circunstancias, valoradas ya por dos instancias judiciales, llevaron a la conclusi\u00f3n de que esa decisi\u00f3n presidencial \u2018releg\u00f3 la ventaja econ\u00f3mica para la administraci\u00f3n p\u00fablica por la ventaja econ\u00f3mica para los intereses particulares a la postre beneficiados\u2019 y de que \u2018Fern\u00e1ndez de Kirchner se represent\u00f3 los elementos objetivos del tipo al momento de dar comienzo a la acci\u00f3n t\u00edpica y que previ\u00f3 la realizaci\u00f3n de estos y, por tanto, la producci\u00f3n del resultado\u2019\u201d. Tambi\u00e9n se pudo acreditar que \u201cla encausada quiso que el resultado delictivo sea una consecuencia de su propia acci\u00f3n y tuvo, adem\u00e1s, el \u00e1nimo de lucro requerido por el tipo\u201d.<\/p>\n La Corte resalt\u00f3 que \u201cel argumento de la defensa basado en la competencia de terceras personas en el asunto \u2014entre ellas, el jefe de gabinete de ministros de la Naci\u00f3n y los restantes funcionarios nacionales y provinciales que intervinieron en los hechos\u2014 se desentiende del fundamento desarrollado por los jueces de la causa en torno a la modificaci\u00f3n implementada por el decreto 54\/2009 y la indisputada competencia y responsabilidad de la encausada en la emisi\u00f3n del mismo\u201d. Adem\u00e1s, dijo el fallo, \u201cse omite rebatir las dem\u00e1s circunstancias ponderadas por el a quo respecto de la intervenci\u00f3n personal de la recurrente en los hechos, en particular, el beneficio econ\u00f3mico obtenido\u201d.<\/p>\n Tambi\u00e9n se advirti\u00f3 que \u201cel discurso reiterativo de la apelante \u2014por ejemplo, el tribunal revisor se\u00f1al\u00f3 que \u201clo se\u00f1alado por la defensa en esta instancia no es m\u00e1s que una reedici\u00f3n de todo aquello que fue oportuna y fundadamente descartado por el \u2018a quo\u2019 s\u00f3lo evidencia su desacuerdo con el pronunciamiento atacado, sin llevar a cabo una efectiva refutaci\u00f3n de los argumentos sostenidos en la sentencia apelada\u201d.<\/p>\n A lo largo de su an\u00e1lisis, los jueces desplegaron los argumentos que hab\u00eda presentado la defensa de Cristina Kirchner contra la sentencia en su contra.<\/p>\n \u201cLa apelante no ha cumplido con el requisito de fundamentaci\u00f3n aut\u00f3noma que requiere que el escrito de interposici\u00f3n del recurso extraordinario contenga un relato prolijo de los hechos de la causa de relevancia principal, que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal mediante una cr\u00edtica concreta y razonada de los argumentos en que se bas\u00f3 la sentencia que se impugna, sin que, incluso, valga a tal efecto una nueva cr\u00edtica general a las l\u00edneas principales de la argumentaci\u00f3n del pronunciamiento apelado\u201d, dijeron. Tambi\u00e9n destacaron que \u201cresulta exigible rebatir todos y cada uno de los argumentos en que el juzgador se apoy\u00f3 para arribar a las conclusiones de que el apelante se agravia\u201d. \u201cNo resulta una refutaci\u00f3n suficiente, por lo tanto, el solo sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia recurrida\u201d, se se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n \u201cComo consecuencia de lo anterior, y dado que tales deficiencias no pueden ser subsanadas en el recurso de hecho, cuando el recurso extraordinario no cumple con el requisito de fundamentaci\u00f3n aut\u00f3noma, la queja debe ser desestimada\u201d, analizaron.<\/p>\n Pero adem\u00e1s los jueces hicieron hincapi\u00e9 en las \u201cdiversas falencias\u201d en la presentaci\u00f3n de la defensa. Entre ellas, se\u00f1alaron, que aparecen enumeraciones sobre distintos jueces y fiscales o encuentros con ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo \u201csin indicar ni una sola circunstancia concreta que permita inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces en este caso concreto\u201d.<\/p>\n \u201cSe trata en efecto de meras conjeturas a partir de las cuales se invocan principios gen\u00e9ricos de \u2018independencia, imparcialidad e integridad\u2019, sin haber siquiera intentado encuadrarlas en los supuestos espec\u00edficos de recusaci\u00f3n de los magistrados establecidos en el art\u00edculo 55 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n, cuya inconstitucionalidad no fue planteada y que, justamente, tiende a tutelar tales principios relativos a la imparcialidad de los magistrados\u201d, se advirti\u00f3.<\/p>\n Adem\u00e1s, la defensa tampoco indic\u00f3 \u201cla forma en que se habr\u00eda puesto de manifiesto el temor de parcialidad que procuraba evitar, no bastando para ello el dictado de un fallo adverso a sus intereses. Al respecto, es obvio que no toda discrepancia de lo resuelto revelar\u00eda la concreci\u00f3n del temor de parcialidad alegado\u201d.<\/p>\n Entre planteos, la Corte record\u00f3 que para que una sentencia sea descalificable como acto jurisdiccional v\u00e1lido en los t\u00e9rminos de la doctrina de la arbitrariedad por haberse omitido el tratamiento de cuestiones planteadas ante los jueces, debe demostrarse cu\u00e1les cuestiones fueron efectivamente sometidas al tribunal apelado \u2013en este caso Casaci\u00f3n- y que ellas, omitidas en la sentencia apelada, eran conducentes\u201d.<\/p>\n La condena a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n perpetua contra Cristina Kirchner y otros acusados\u00a0en la causa Vialidad<\/b>\u00a0fue dictada en 2022 por el\u00a0Tribunal Oral en lo Criminal Federal N\u00b02<\/b>, integrado por los jueces\u00a0Jorge Gorini,<\/b>\u00a0Rodrigo Gim\u00e9nez Uriburu\u00a0<\/b>y\u00a0Andr\u00e9s Basso,\u00a0<\/b>quienes juzgaron\u00a0<\/b>el desv\u00edo de fondos e irregularidades en la asignaci\u00f3n de\u00a0obras p\u00fablicas en la provincia de Santa Cruz<\/b>.<\/p>\n Este fallo fue confirmado en noviembre pasado por la Sala IV de Casaci\u00f3n, integrada por los jueces\u00a0Gustavo Hornos, Mariano Hern\u00e1n Borinsky y Diego Barroetave\u00f1a,\u00a0<\/b>por medio de una sentencia de m\u00e1s de 1.600 p\u00e1ginas en la que rechaz\u00f3 tanto los recursos de las defensas como el de la fiscal\u00eda.<\/p>\n En la misma decisi\u00f3n, Casaci\u00f3n confirm\u00f3 las condenas -tambi\u00e9n por el delito de fraude a la administraci\u00f3n p\u00fablica- de\u00a0L\u00e1zaro B\u00e1ez<\/b>\u00a0(6 a\u00f1os de prisi\u00f3n), de\u00a0Jos\u00e9 L\u00f3pez<\/b>\u00a0(6 a\u00f1os de prisi\u00f3n), de\u00a0Nelson Periotti<\/b>\u00a0(6 a\u00f1os de prisi\u00f3n), de\u00a0Juan Carlos Villafa\u00f1e<\/b>\u00a0(5 a\u00f1os de prisi\u00f3n), de\u00a0Ra\u00fal Pavesi\u00a0<\/b>(4 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n), de\u00a0Jos\u00e9 Santib\u00e1\u00f1ez<\/b>\u00a0(4 a\u00f1os de prisi\u00f3n), de\u00a0Mauricio Collareda\u00a0<\/b>(4 a\u00f1os de prisi\u00f3n) y de\u00a0Ra\u00fal Daruich<\/b>\u00a0(3 a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n). A todos los ex funcionarios se les hab\u00eda impuesto la\u00a0inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos<\/b>, aspecto tambi\u00e9n confirmado por el m\u00e1ximo tribunal penal.<\/p>\n Por decisi\u00f3n mayoritaria de los camaristas Borinsky y Barroetave\u00f1a,\u00a0se rechaz\u00f3 la pretensi\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal de aplicar al caso la figura de asociaci\u00f3n il\u00edcita,<\/b>\u00a0confirmando as\u00ed la decisi\u00f3n absolutoria del tribunal oral 2 en cuanto a ese delito. El juez Hornos, en disidencia, consider\u00f3 que correspond\u00eda aplicar la figura de asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n La decisi\u00f3n de la Corte\u00a0deja firme tambi\u00e9n las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, H\u00e9ctor Garro<\/b>, y el sobreseimiento por prescripci\u00f3n de\u00a0Carlos Kirchner,<\/b>\u00a0quien fuera acusado por el Ministerio P\u00fablico Fiscal durante el juicio oral.<\/p>\n Finalmente, la Sala IV de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal\u00a0homolog\u00f3 el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos, dinero que volver\u00e1 a las arcas del Estado.<\/b><\/p>\n Los hechos juzgados en la causa Vialidad se refieren a la tramitaci\u00f3n de\u00a051 procesos de licitaci\u00f3n p\u00fablica<\/b>\u00a0para la construcci\u00f3n de obras viales<\/b>\u00a0sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los a\u00f1os 2003 y 2015. La Justicia determin\u00f3 que, en este marco, tuvo lugar\u00a0una notable maniobra fraudulenta\u00a0<\/b>que perjudic\u00f3 los intereses de la administraci\u00f3n p\u00fablica nacional.<\/p>\n La empresa Austral Construcciones SA, principal beneficiaria de obra p\u00fablica de Santa Cruz,\u00a0dio inicio a sus actividades d\u00edas antes de que fuera irregularmente adjudicataria<\/b>\u00a0de un gran caudal de contratos en el marco de licitaciones p\u00fablicas en las cuales no hubo competencia alguna.<\/p>\n Siempre seg\u00fan lo que determin\u00f3 la Justicia, a lo largo de la maniobra delictiva Austral Construcciones fue continuamente beneficiada con la\u00a0asignaci\u00f3n ilimitada de fondos p\u00fablicos,<\/b>\u00a0pese a advertirse distintas irregularidades en cada licitaci\u00f3n en que participaba y resultaba adjudicataria.<\/p>\n Durante las \u00e9pocas de crisis (2008-2009), la empresa continu\u00f3 recibiendo prioritariamente un flujo importante de fondos a pesar de los problemas de liquidez. Adem\u00e1s, luego de las elecciones del a\u00f1o 2015 que determinaron el fin del gobierno de Cristina Kirchner, la empresa de L\u00e1zaro B\u00e1ez\u00a0intempestivamente decidi\u00f3 abandonar las obras<\/b>\u00a0en el marco del \u201cPlan limpiar todo\u201d.<\/p>\n La Justicia tambi\u00e9n comprob\u00f3 que durante ese per\u00edodo las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistem\u00e1ticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas a\u00a0L\u00e1zaro B\u00e1ez<\/b>, grupo cuya conformaci\u00f3n y crecimiento econ\u00f3mico se vio asociado con la asignaci\u00f3n de obra p\u00fablica vial en esa jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayor\u00eda, por la Administraci\u00f3n General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), de acuerdo a facultades delegadas por la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este \u00faltimo organismo en forma directa. Seg\u00fan la Justicia, los imputados, ex funcionarios de las agencias viales,\u00a0operaron convalidando irregularidades<\/b>\u00a0en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecuci\u00f3n de las obras. Tambi\u00e9n se responsabiliz\u00f3 a\u00a0Jos\u00e9 L\u00f3pez<\/b>, quien se desempe\u00f1\u00f3 como Secretario de Obras P\u00fablicas.<\/p>\n A partir de la investigaci\u00f3n, se demostr\u00f3 un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la maniobra,\u00a0reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades.<\/b>\u00a0En ese marco, se destac\u00f3 la firma por parte de la entonces presidenta del Decreto PEN 54\/09 -con la previa intervenci\u00f3n de Jos\u00e9 L\u00f3pez, quien desde la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas sugiri\u00f3 la medida-, que permiti\u00f3 a la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti-\u00a0financiar directamente las obras viales\u00a0<\/b>que se le adjudicaban irregularmente a B\u00e1ez.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En una decisi\u00f3n de alto impacto pol\u00edtico y judicial, la Corte Suprema confirm\u00f3\u00a0el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal en la causa Vialidad,\u00a0donde se investig\u00f3 el delito de defraudaci\u00f3n al Estado a trav\u00e9s de contratos de obras p\u00fablicas. 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